Latinoamérica, la región más peligrosa para quienes defienden la tierra y el medioambiente.

Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente es el título del reciente informe de Global Witness que registra el mayor número de personas defensoras de la tierra y del medioambiente asesinadas en un solo año: 212 homicidios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

El reporte -lanzado este 29 de julio- resalta el importante papel que ocupan las personas defensoras de la tierra y del medioambiente en la lucha contra el cambio climático, oponiéndose a las industrias intensivas en carbono que están acelerando el calentamiento global y el daño ambiental de manera insostenible. Además, puntualiza cómo, bajo una mayor represión y vigilancia durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, la protección de las y los activistas resulta aún más crítica para la reconstrucción de un planeta más seguro y más verde.

En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana desde diciembre de 2015, mes en el cual se firmó el Acuerdo de París, momento en que el mundo aparentemente se unió bajo la esperanza de alcanzar una nueva era de progreso en la lucha contra el cambio climático. Además, un incontable número de personas defensoras son silenciadas mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales.  

Muchos de los asesinados son líderes comunitarios indígenas y tradicionales en la primera línea de una batalla para proteger sus territorios de las actividades legales e ilegales de minería, tala y agronegocios.

Más de la mitad de todos los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron en dos países: Colombia Filipinas. Los informes demuestran que el asesinato de líderes comunitarios y sociales ha aumentado dramáticamente en Colombia en los últimos años. Con 64 activistas asesinados, quienes protegen su tierra y el medio ambiente son los que enfrentan un mayor riesgo. En Filipinas, un país constantemente identificado como uno de los peores lugares de Asia en lo que se refiere a ataques contra personas defensoras, hubo 43 asesinatos, un aumento en comparación con los 30 que sucedieron en 2018.

La minería continúa siendo la industria con el mayor grado de responsabilidad. Está relacionada con los asesinatos de 50 personas defensoras en 2019. Las comunidades que se opusieron a proyectos intensivos en carbono en la producción de petróleo, gas y carbón tuvieron que enfrentar amenazas permanentes. Con el objetivo de allanar el camino para productos como el aceite de palma y el azúcar, los ataques, los asesinatos y las masacres fueron utilizadas como tácticas disuasorias. En 2019, Global Witness documentó 34 asesinatos relacionados con la agricultura a gran escala, un aumento de más del 60% desde 2018.

“La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería figuran como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Al mismo tiempo, son las industrias que propician el cambio climático a través de la deforestación y el aumento de las emisiones de carbono”, señala Rachel Cox, encargada de campañas de Global Witness. 

Muchos de los peores abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos en el mundo son consecuencia de la explotación de los recursos naturales y la corrupción en el sistema político y económico mundial.

«Si realmente queremos hacer planes para una recuperación ecológica que posicione la seguridad, la salud y el bienestar de las personas en el centro, debemos abordar las causas fundamentales de los ataques contra las personas defensoras y seguir su ejemplo para proteger el medio ambiente y detener el cambio climático», añade.

La organización también destaca la tendencia desproporcionada de comunidades indígenas atacadas por defender sus derechos y territorios, a pesar de que las investigaciones demuestran que éstas, junto con las comunidades locales manejan bosques que contienen el carbono equivalente a, al menos, 33 veces nuestras emisiones anuales actuales.

Junto a la afectación de pueblos y comunidades indígenas por el colapso climático, las cifras de 2019 exponen que más de una de cada 10 personas defensoras asesinadas en 2019 eran mujeres. Las defensoras enfrentan amenazas específicas, incluidas campañas de desprestigio centradas a menudo en su vida privada, con contenido sexista o sexual explícito. La violencia sexual también se usa como una táctica para silenciar a las defensoras, y normalmente no se denuncia.

Tal como señala este informe, es menester que el Estado proteja a quienes defienden el medioambiente. Como parte de ello, el Perú tiene la oportunidad de proteger a sus defensores con la ratificación del Acuerdo de Escazú.