Medidas del Congreso pondrían en riesgo a más de 3,5 millones de estudiantes, advierte IPAE.

En un comunicado, pidió desistir de «iniciativas apresuradas» que van en contra de la calidad educativa y el bienestar de las familias.

IPAE Asociación Empresarial aseguró que algunas propuestas de dictamen de las comisiones de Educación y de Defensa del Consumidor del Congreso, que buscan regular el servicio educativo privado, ponen en riesgo el derecho a la educación de más de más de 3.5 millones de estudiantes.

En un comunicado, detalló que las iniciativas que se vienen discutiendo en el Congreso “atentan” contra los principios de institucionalidad, diversidad de modelos educativos y mejora continua e innovación.

“Desde IPAE hacemos un llamado a promover la calidad educativa y no dejarnos llevar como país por medidas apresuradas que, de aprobarse, pondrían en riesgo el Derecho a la Educación de más de 3,5 millones de estudiantes de educación básica y superior, y miles de profesores y de sus familias”, acotó.

En ese sentido, remarcó que “buscar hacer cambios sin análisis, con opiniones en contra de instituciones especializadas, sería una decisión desacertada que pondría en juego la calidad de la educación y sería un retroceso en lo que se ha logrado avanzar”.

“Invocamos a los partidos políticos y a los congresistas a legislar teniendo en cuenta la evidencia y la opinión de especialistas, y por tanto a desistir de iniciativas apresuradas que van en contra de la calidad educativa y el bienestar de las familias peruanas”, sentenció.

Como se recuerda, el pasado 3 de julio el pleno del Congreso aprobó conformar una comisión investigadora al proceso de licenciamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) a dos universidades privadas.

En tanto la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento tiene en agenda tres proyectos de ley que buscan garantizar la continuidad del servicio educativo y proteger a las familias de situaciones de abuso de parte de colegios privados.

Una de ellas, del Frepap, busca proteger al usuario del servicio educativo en circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. La segunda propuesta, de Podemos Perú, plantea el reajuste de las pensiones en instituciones educativas en estado de emergencia.

Finalmente, el tercer proyecto, presentado por Fuerza Popular, propone garantizar la continuidad, transparencia y calidad de la educación privada escolar en tiempos de emergencia sanitaria, catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.